La abrupta salida del director del INDH y los reveladores datos del informe que emanó este organismo sobre el Sename han mantenido encendido el polvorín.

Patricia Schüller. Periodista. Los Derechos Humanos (DDHH) se han tomado la agenda noticiosa este verano. Desde distintas veredas, han ocurrido situaciones que los han puesto una vez más en el centro del debate en el país.

A mediados de enero, la atención pública fue atrapada por un escueto y sorpresivo comunicado que daba cuenta de la salida de Branislav Marelic del Instituto de Derechos Humanos (INDH). El abogado ocupaba la dirección desde julio de 2016, cuando asumió en reemplazo de Lorena Fries .

El INDH se apresuró en explicar que “por decisión de la mayoría de sus integrantes” el consejo que maneja el organismo decidió nombrar como directora de la entidad a Consuelo Contreras.

La destitución de Marelic se produjo a pocos días de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos hiciera entrega de un informe sobre la situación de los centros a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename) y luego que la ONU visitara varios de ellos.

Según dijo el ahora ex director a El Mercurio, su salida se veía venir y se vio perjudicada por ese informe. “Yo creo que eso ha sido el gran roce de temas. Dos de los informes del día estaban relacionados con el Sename, específicamente por problemas de educación, violencia y abuso sexual”, remarcó.

En una carta abierta, diferentes organizaciones en defensa de la infancia le solicitaron “amablemente a los consejeros del INDH, señores Guerra, Donoso, Frontaura, Carrera, Micco, Aylwin, Romero y Contreras, que justifiquen y argumenten públicamente, las razones individuales, que los motivó a decidir la remoción del director del INDH, señor Branislav Marelic, más si se tienen en debida consideración, que el INDH es un organismo independiente, que tiene como fin supremo, la plena observancia y promoción de los Derechos Humanos en el país”.

Datos reveladores del Informe

El informe de la discordia -que corresponde a una misión de observación que realizó el INDH entre enero y abril del año pasado a 171 centros del Sename con entrevistas a 401 niños y niñas, de 8 a 17 años- finalmente fue revelado este jueves.

Los datos son inquietantes. Un total de 321 menores señalaron haber recibido algún tipo de castigo. Ello representa una prevalencia año igual al 84,3%. Es decir, 8 de cada 10 niños en los centros de protección de Sename reportó ser castigado por parte del personal durante los últimos 12 meses. Se registró que el 55,2% ha sido objeto de agresiones verbales, el 16,1% de agresiones físicas con heridas y el 30,1% de agresiones físicas sin heridas. Además, el 68% de los menores tiene algún tipo de depresión y un 6,8% ha sufrido abuso sexual.

Un antecedente preocupante es que se identificó un total de 23 casos de abuso sexual relatados por los propios niños y niñas entrevistadas ocurridos en los últimos 12 meses.

Polémico nombramiento

La designación de Consuelo Contreras fue otra chispa que encendió el polvorín. La trabajadora social, sin militancia política, hasta su designación era directora ejecutiva de la Corporación Opción, uno de los organismos más importantes del Sename y que ha sido indagado por la Contraloría por los recursos públicos que administra.

Los cuestionamientos no se hicieron esperar. Se criticó que el nombramiento resultaba poco transparente, debido a que representa a un organismo que recibe fondos públicos.

“Cumplo con todos los requerimientos legales para ser consejera. Me eligen por mi trayectoria como defensora de los Derechos Humanos”, dijo Contreras al diario La Tercera. Y añadió que la Corporación “no tiene residencia, por lo tanto no era sujeto del  estudio. Si lo hubiera sido me habría inhabilitado, porque es una práctica que tenemos constantemente. Opción recibe fondos públicos para la atención directa de los niños”.

Respecto a la salida del ex director, indicó en Cooperativa que esta “no fue intempestiva” dado que se venía fraguando “hace varios meses” a causa de una mala evaluación de la labor de Marelic, a quien se le había pedido la renuncia.

Eliminación de indulto presidencial

Dos días después de la salida de Marelic, y en medio de la visita del Papa Francisco al país, nuevamente los DDHH saltaron al tapete.  Esta vez, porque la Presidenta Michelle Bachelet ingresó al Senado un nuevo proyecto de ley que busca eliminar el indulto presidencia para los reos terminales condenados por crímenes de lesa humanidad.

Lo que se busca es que los tribunales de Justicia se encarguen de este tipo de resoluciones.

El documento establece que en “términos generales, el proyecto de ley propone regular los criterios especiales que deben considerarse para la obtención de permisos de salida, libertad vigilada y rebaja de condena; y, además, no la no procedencia del indulto particular, respecto de las personas condenadas por crímenes o simples delitos de lesa humanidad, de genocidio o de guerra”.

El ministro de Justicia, Jaime Campos, explicó posteriormente que el tribunal decidirá en base a exámenes médicos si el reo está afectado por una enfermedad terminal o enajenación mental. Pero además, pesará que el condenado entregue información útil para la justicia y además demuestre “arrepentimiento”.

Lo que hace el proyecto –apuntó- “es no solamente actualizar, sino que incorporar la legislación internacional que Chile ya ha suscrito y completar ciertos vacíos legislativos que existen, particularmente en el caso de los enfermos terminales, que es una materia que no estaba resuelta por la ley”.

Detalló que la iniciativa trata seis situaciones: las rebaja de condenas, los beneficios intrapenitenciarios, la libertad condicional, el indulto presidencial, además los enfermos mentales y los enfermos terminales.

En este último caso, la moción regula la situación de estas personas, porque la legislación chilena actualmente no contiene ninguna norma relativa a los enfermos terminales”.

Campos precisó que “este proyecto de ley dice que cualquiera persona condenada , independientemente del delito cometido, que incurra o que caiga en una situación de enfermedad terminal va a tener derecho a que la pena se le sustituya por arresto domiciliario total”.

El secretario de Estado detalló que esto lo determinarán los tribunales de justicia y será el Servicio Médico Legal (SML) el organismo encargado de precisar cuando existe o no una enfermedad terminal.

También estaba mal reglamentado –consignó-la situación de los enfermos mentales. Sostuvo que “aquí no se distingue, por supuesto, entre delincuente común y delincuente de lesa humanidad y no se le exige requisito adicional alguno al delincuente de lesa humanidad, porque es un enajenado mental”.

La ley pasará ahora a definir –apuntó- qué se entiende por enajenado mental y esa determinación la tiene que hacer el SML “y no como ocurre ahora a través de dos siquiatras particulares o de algún hospital de un instituto armado”.

Adecúa legislación a obligaciones internacionales

Las reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar.

La abogada Carmen Hertz, quien ocupa un lugar central en la historia del país por su defensa de los derechos humanos, apoyó la iniciativa.

La diputada electa del Partido Comunista por el Distrito 8 explicó que “el eliminar la facultad del indulto presidencial a criminales de lesa humanidad es adecuar la legislación interna a las obligaciones internacionales que como Estado tenemos, esos delitos no son indultables, por lo tanto, cualquier intención de haberlos indultado podían al margen de la comunidad internacional al Estado de Chile”.

Se beneficia –agregó- a “los enfermos terminales que hayan cooperado con la acción de la justicia desde sus inicios y que además demuestren arrepentimiento eficaz”. Esto no significa ir al confesionario o a la consulta del psiquiatra, “sino que entregar elementos serios y objetivos que permitan desbaratar la organización criminal a la que pertenecieron”, apuntó.

Lorena Pizarro: “Inentendible”

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, dijo a ElSiglo.cl que el proyecto no es cuestionable en cuanto a su contenido, sin embargo tildó de “inentendible y casi una burla” que se envíe cuando solo quedan quince días de trabajo legislativo.

Es muy probable que no se alcance a discutir en este Gobierno y en el próximo “se perderá”, aseguró.

Según subrayó, “se debería poner discusión inmediata y tener asegurados todos los votos necesarios para que finalmente el proyecto permita terminar con los rasgos de impunidad que se están viviendo con condenados por crímenes de lesa humanidad, pero nada de eso hoy está asegurado”.

Pizarro admitió que sienten “un poco de indignación e incluso lo tomamos casi como una burla, porque ¿tú crees que el Gobierno de derecha va a querer que se avance en contra de la impunidad?”.

La dirigente destacó que “los proyectos de ley avanzarán en la medida que tengamos la posibilidad y aquí no hay posibilidad alguna, sobre todo en este tema donde nunca ha habido voluntad política, entonces esto nos parece indignante”.

El caso de Macarena Valdés

En otra vereda, en los últimos días volvió a primera plana el caso de Macarena Valdés, activista ambiental, de 32 años, que el 22 de agosto del 2016 fue encontrada muerta, colgada en su casa, en la comunidad mapuche Newen de Tranquil, en la comuna de Panguipulli, hecho que fue catalogado como un suicidio por Carabineros y el Servicio Médico Legal (SML).

El 16 de enero pasado se confirmó que el peritaje encargado por la familia de la joven al médico forense Luis Ravanal desestimó la tesis del suicidio.

Esta información, difundida por Diario y Radio Universidad de Chile, provocó reacciones del Movimiento Salud para Tod@s. A través de un comunicado la organización declaró que “condenamos la falta de verdad y rigor, y el carácter errático con la que actuaron los organismos públicos involucrados en la investigación judicial, lo que se demuestra en el diagnóstico falso de fallecimiento declarado por el Servicio Médico Legal y la persistencia del Ministerio Público en cerrar el caso pese a los cuestionamientos de la familia”.