Será tarea de todos el evitar que demos un paso atrás en materia de Protección Social.

Hugo Cuevas

Asistente Social

En materia de envejecimiento, nuestro país da cuenta de un avance acelerado: para el año 2020 uno de cada cinco chilenos/as será adulto mayor. De la misma forma, las respuestas a las necesidades de quienes se encuentran en situación de discapacidad obligan a un esfuerzo mayor desde el Estado y la sociedad en su conjunto.

Ambas dimensiones han sido parte del programa de Gobierno de la Presidenta, siendo sintetizadas en el compromiso de crear un nuevo componente del Sistema de Protección Social, destinado a prestar apoyos a quienes se encuentran postrados, en situación de discapacidad y a niñas/os que dependen de otros para mejorar su condición de vida. En este esfuerzo, fueron incorporados también los cuidadores/as familiares, muchos de los cuales han dedicado años a esta difícil tarea.

Así nace el Sistema “Chile Cuida” al alero del Ministerio de Desarrollo Social. Desde el año 2015 en el cual el Comité de Ministros aprobó su diseño, el Sistema ha avanzado gradual pero firmemente en la entrega de servicios a través de las Municipalidades. En una alianza estratégica, se han conformado Redes Locales que hoy alcanzan a 6 regiones y 13 comunas, a las cuales en el presente año se incorporarán 8 nuevas localidades, implementándose con ello el Sistema en a lo menos una comuna por región, con una inversión que superará los 3 mil millones de pesos, permitiendo así atender integralmente las necesidades de más de 1.800 personas en situación de dependencia moderada o severa.

Este significativo avance se suma a muchos otros que en materia de Protección Social se consiguieron en el período de Gobierno que culmina en pocas semanas más. Ello representa no sólo la concreción de políticas de apoyo esperadas largo tiempo por los hogares que requieren del Estado para mejorar la condición de sus familiares dependientes y sus cuidadores/as, sino una señal clara de la dirección que debe mantener la política social a fin de responder a su fin último: facilitar el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes menos tienen desde el reconocimiento de sus derechos sociales, enfrentando así de manera frontal la desigualdad.

En este plano y considerando la experiencia del primer Gobierno de Piñera, caben justas dudas respecto de la real voluntad política para cautelar lo conseguido hasta hoy. Es de esperar, que en este ámbito, como en muchos otros del campo social, se evidencie con acciones concretas la intención de proyectar política de Estado y no sólo medidas parciales que impliquen retrocesos respecto de lo ya conseguido. Hay que señalarlo con toda claridad: el Chile de hoy requiere políticas de Protección basadas en derechos sociales que contribuyan al logro del Bienestar como eje de acción, y no sólo medidas subsidiarias que en el actual contexto se vuelven claramente insuficientes.

Será tarea de todos, pero especialmente de las organizaciones, de los Municipios y de la sociedad civil en general el evitar que demos un paso atrás en materia de Protección Social.

 

 

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