Se cumplen 20 años de la acción presentada por el Partido Comunista contra el dictador Augusto Pinochet, con la cual se inició el camino hacia la verdad y justicia.

Equipo ES. Santiago. Este 12 de enero se cumplen 20 años desde que un grupo integrado por abogados y por familiares de las víctimas, encabezado por Gladys Marín, presentara en la Secretaría Criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago y en representación del Partido Comunista de Chile, la primera querella directa contra el dictador Augusto Pinochet por su responsabilidad  en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gestión.

Fue en uno de los foros de la Fiesta de los Abrazos, organizada por el PC, de la primera semana de enero de 1998, que se anunció formalmente que se daría ese paso judicial que se concretó a la semana siguiente.

Pese a la creencia generalizada de que nada ocurriría, al punto que ese día la noticia apenas fue mencionada en escasos medios de comunicación, la Corte acogió la presentación y designó al juez Juan Guzmán Tapia -hijo del destacado poeta Juan Guzmán Cruchaga –  para conducir y juzgar el inédito proceso judicial que se iniciaba.

Entonces sí la noticia se difundió en todo el mundo.

No era para menos puesto que, para colmo, por esas mismas fechas, como consecuencia de los acuerdos con un determinado sector político  y conforme la Constitución impuesta por el dictador, el 11 de marzo Pinochet debía jurar nada menos que como “senador vitalicio” entregando el mando del Ejército al general Ricardo Izurieta. Era una enorme vergüenza para el país que reflejaba el alto costo de las negociaciones entre el tirano y el sector conservador de lo que había sido oposición al régimen. Además, sería otra potente señal de impunidad absoluta. No sólo no se le procesaba, se le elevaba el cargo.

Poco duró la senaturía vitalicia del genocida; primero se vio interrumpida por los 500 días de su detención en Londres, Reino Unido, a causa del proceso a cargo del juez español Baltasar Garzón, y a poco de su regreso fue desaforado de ese cargo por la Corte de Apelaciones de Santiago el 5 de junio del año 2000, fallo ratificado por la Corte Suprema el 8 de agosto del mismo año. Tras los procesos y resoluciones en su contra, Pinochet se vio forzado, el 2002, a renunciar al cargo, no sin antes asegurarse que le mantendrían el pago de una “dieta parlamentaria”. Es que los criminales nunca dan, como dice el pueblo, “puntada sin hilo”.

Derrotando el olvido y la impunidad

Pero el cambio histórico provocado por la acción judicial del 98 fue mucho más profundo que lo que haya ocurrido con el dictador. Lo objetivo es que al abrir por vez primera las  herméticas puertas de los tribunales, se inició por fin el camino hacia la verdad y justicia.

Hoy son más de mil 500 los procesos judiciales en curso, con decenas de condenados, varios a cadena perpetua y con muchas decenas de procesados. Chile se ha ubicado así en los primeros lugares a nivel internacional en materia de juzgamiento efectivo a los culpables de delitos contra la humanidad.

El “caso chileno” es objeto de estudio en las más diversas universidades y centros de estudios jurídicos de América Latina y del mundo y es expuesto como ejemplo de que es posible hacer que las normas jurídicas, nacionales e internacionales, se respeten.

Es, en definitiva, el triunfo del Derecho contra la represión y el crimen.

En estricto rigor nada de esto hubiera sido posible sin aquella querella. Pinochet y demás terroristas hubieran muerto impunes, nadie habría ido a la cárcel y los familiares de las víctimas no habrían tenido reparación alguna.

El equipo de abogados que materializó la iniciativa estaba integrado por Eduardo Contreras junto a Graciela Álvarez, ya fallecida, y sus colegas Julia Urquieta, Ramón Vargas, Alberto Espinoza y José Cavieres.  Hoy se sabe que todo partió tras una reunión a mediados de los 90 entre  Contreras y Cavieres en que analizaron una denuncia formal a propósito de la muerte del Presidente Salvador Allende, formulada en los años duros por varios juristas, la que no prosperó. Luego se estudió lo que sucedía en el Poder Judicial, la actitud de jueces y ministros, los convenios internacionales ratificados por Chile con anterioridad al golpe del 73, más la propia normativa de la dictadura y jurisprudencia de la Corte Suprema de los años del terror. Y se concluyó que existía la posibilidad de romper la indiferencia.

Tras el éxito de enero, entre febrero y marzo de ese año diversos abogados y organizaciones de derechos humanos, en especial la AFDD (Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) y la AFEP (Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos) se sumaron a la iniciativa llegando rápidamente a más de 300 nuevas querellas. Los casos de “Calle Conferencia”, “Caravana de la Muerte”, “Operación Cóndor”, “Operación Colombo”, “Villa Grimaldi”, “Colonia Dignidad”, “Londres 38”, “José Domingo Cañas”, “Cuartel Simón Bolívar”, “Los 119”, “Caso Degollados”, “Quemados vivos”, “Isla Dawson”, “Chacabuco” y tantos otros casos de detenidos desaparecidos,  de ejecutados, de torturados, ocupan muchísimos miles y miles de páginas y han dado paso a valiosos y exitosos libros y documentales de amplia difusión. El 2009 se sumaron más de mil nuevas querellas por ejecutados patrocinados por la AFEP con el apoyo de jóvenes abogados y estudiantes de Derecho

Nada ha sido fácil y no puede olvidarse no sólo las amenazas sino las acciones violentas del pinochetismo en contra de aquellos abogados del 98 y del propio juez Guzmán.

Pero la realidad hoy es otra, se ha forjado junto a los familiares de las víctimas y sus organizaciones. Aquella primera querella es parte inseparable de la historia.