Fue el último año de gestión de la Presidenta Bachelet, en el cual se materializaron más reformas y proyectos que contribuyeron a fortalecer derechos sociales y ciudadanos.

Editorial. El Siglo. Termina 2017, un año de contradicciones, pero donde se produjeron situaciones positivas para el país y para el pueblo.

Fue, por cierto, el último año de la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet, en el cual se materializaron más reformas y proyectos que contribuyeron a fortalecer derechos sociales y ciudadanos, en respuesta a extendidas demandas de amplios sectores de la sociedad chilena.

Se pueden mencionar algunos evidentes, como el 60% de gratuidad en educación, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y la primera elección parlamentaria y presidencial con un sistema electoral proporcional acotado -que dejó atrás el binominalismo- y con derecho a voto de compatriotas residentes en el exterior.

Terminando el año, Michelle Bachelet se ubicó entre el 30 y el 40 por ciento de aprobación, y todos los sondeos y análisis mostraron una aprobación de la población hacia cambios progresistas en nuestro país, en la ratificación de que se esperan cambios que garanticen derechos colectivos y cívicos.

En definitiva, hay que resaltar que el Gobierno de la Nueva Mayoría cumplió con su programa establecido hace cuatros año e incluso avanzó en otras materias, como lo fue la reforma laboral que trajo la recuperación y consagración de derechos de las y los trabajadores.

Como se dijo en varios momentos, la economía tendió a estabilizarse con signos algo positivos, el precio del cobre detuvo su declive, el desempleo se mantuvo en los rangos tradicionales -persistiendo, eso sí, el problema de que en Chile hay cientos de miles de empleos de mala calidad- y los índices del país fueron similares a los de otras naciones de Latinoamérica, dando cuenta de la realidad regional e internacional.

En la elección del 19 de noviembre, pese a la mantención de un importante porcentaje de abstencionismo, sumados los votos de las fuerzas y candidaturas progresistas y de izquierda, se mostró una mayoría frente a la derecha. Sin embargo, y de manera sorpresiva, el candidato conservador logró un triunfo holgado en la segunda vuelta del 17 de diciembre, lo que implicó, precisamente para el progresismo y la izquierda, una derrota dura.

De tal manera que 2017 termina con la noticia de que el próximo año asumirá un Gobierno marcado por contenidos programáticos regresivos respecto de las transformaciones, restrictivo en cuanto a derechos sociales y de los trabajadores, conservador en cuanto a ideario, opuesto a la aspiración de una nueva Constitución, y priorizador del neoliberalismo, del mercado, de los intereses de los grandes consorcios financieros y empresariales y de medidas represivas y autoritarias frente al movimiento social y las demandas del pueblo mapuche.

Si 2017 fue un año también marcado por masivas movilizaciones de la sociedad civil y el proceso de reformas, el 2018 se proyecta como de continuidad de las luchas sociales por derechos populares y reivindicaciones transformadoras. Ello requerirá de generosidad, compromiso, acuerdos y generación de correlación de fuerzas por parte de las fuerzas políticas y sociales que luchan por más democracia y justicia.