En una gobernabilidad democrática radica la posibilidad de que la población esté protegida en sus derechos ciudadanos.

Editorial. El Siglo. Hace tiempo ya que está claro que un drama que vive el pueblo de manera cotidiana, es la existencia del abuso expresado de diferentes maneras. Por eso es que la gente exige protección ante esas situaciones, tarea que debe ser asumida por las representaciones democráticas y por las instituciones del Estado y otras entidades de la sociedad civil.

Las quejas e impotencia de la población frente a prácticas abusivas de consorcios y empresas privadas son algo extendido. Son extendidos los mecanismos crediticios usureros, las arbitrarias alzas de precios, la mala atención, la desprotección ante incumplimientos o afectaciones por parte de grandes tiendas o empresas de distinto signo. Los malos servicios, donde lleva la delantera el Transantiago, golpea permanentemente a los ciudadanos. Así mismo, persisten falencias de parte del Estado que lastiman al pueblo, donde es particularmente sensible las deficiencias que se mantienen en el servicio de salud. La colusión de empresas para la fijación de precios, que por lo demás venden productos muy necesarios para las familias chilenas, así como graves afectaciones en el servicio privado de acceso al agua y la luz -junto a la dilación en la reparación al pueblo por el daño ocasionado- son otra expresión mayor del abuso.

Esconder o relativizar ese tipo de situaciones, solo contribuye a acentuar la desazón en la sociedad chilena, y no es el camino para enfrentar fenómenos que empeoran o frenan la posibilidad de mejorar la calidad de vida del pueblo.

De partida, el tema del abuso y la necesidad de protección de la gente, debe estar presente, por ejemplo, en los contenidos de campaña presidencial por parte de las fuerzas progresistas y de izquierda, porque en ellas radica la posibilidad real de que disminuyan e incluso desparezcan prácticas abusivas, de que se promuevan leyes o normas que fortalezcan la regulación, fiscalización y sanciones adecuadas.

En una gobernabilidad democrática radica la posibilidad de que la población esté protegida en sus derechos ciudadanos, particularmente en sus derechos como receptor de servicios y consumidor, en el sentido preciso de la palabra.

No se puede soslayar que el abuso de las empresas y los grandes consorcios, las deficiencias del Estado, y situaciones de impunidad, tiene que ver de manera determinante con la existencia y hegemonía de un sistema neoliberal, depredador, mercantilizado, obsecuente ante los grupos financieros y económicos, y que promovió el individualismo, la corrupción y la alteración de una ética social, como queda demostrado con infinidad de casos que incluye entidades militares, policiales, religiosas, deportivas y políticas.

Por lo tanto, de un supuesto gobierno de derecha y de personajes que, precisamente, estuvieron directamente relacionados con diversidad de causas de irregularidades y comisión de delitos, que fueron protagonistas de la colusión, no se tiene ninguna garantía de protección frente al abuso que vive el pueblo.

En este marco, hay que valorar acciones que se tomaron durante este Gobierno, para mencionar solo algunas cuestiones, como la promoción de una nueva ley del Servicio Nacional del Consumidor para, precisamente, avanzar sustancialmente en la protección y defensa de la población ante el abuso y las malas prácticas.

También en medidas promovidas para un mayor control y regulación en el quehacer de las grandes empresas y en la mejora de los servicios, incluso los prestados por el Estado, para ir terminando con situaciones de indignidad y desprotección de millones de chilenos.

No se debe pasar por alto que los empresarios y personeros de derecha ponen el grito en el cielo ante esos pasos. Es claro que una supuesta futura administración conservadora, daría al traste con lo avanzado en protección ciudadana y privilegiaría a los grupos empresariales y financieros.

En contraste, un Gobierno democrático asumiría una continuidad en leyes y normativas tendientes a erradicar las prácticas abusivas, mejorar el servicio a la población e impedir situaciones que afecten a la economía familiar y la dignidad de las personas.