Julia Urquieta, candidata a diputada por el Distrito 10, dice que se requiere la participación de todos los involucrados para combatir la violencia.

Patricia Schüller. Periodista. Un recurso de protección, dirigido contra el ministro del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández, y el intendente metropolitano, Claudio Orrego, presentó el jueves pasado Julia Urquieta, abogada comunista de Derechos Humanos y candidata a diputada por el Distrito 10 (Santiago, Ñuñoa, Providencia, La Granja, San Joquín y Macul).

El objetivo de la acción legal es que se adopten las medidas de resguardo necesarias para proteger la integridad física y síquica de todos los habitantes de  La Legua, cuyos vecinos se han visto afectados en los últimos días por balaceras  que dejaron herido a un hombre de 41 años. Cansados de estos hechos que se repiten, los habitantes salieron  protestar a la calle.

“Los pobladores de La legua tienen el derecho a vivir en paz, a tener una vida digna y, por tanto, el estado de inseguridad no puede seguir”, remarcó Urquieta en el momento de presentar el recurso de protección.

¿Qué le han parecido las medidas anunciadas por el Gobierno para combatir la violencia?

Todas las medidas que ha tomado el Gobierno son insuficientes. Han sido acciones que se han mantenido en el tiempo, pero no han sido eficaces. Se necesita un método de intervención más profundo, más directo y más permanente en el cual la participación de la comunidad es fundamental. No puede quedar esto a la deriva, al arbitrio. No puede ser tampoco una solución parcial y por eso todos los involucrados deben participar.

¿Qué debería contemplar esta intervención profunda?

En primer lugar, deben ser convocadas todas las autoridades directamente involucradas: alcaldía, concejales, juntas de vecinos, Iglesia, todas las organizaciones que conocen su realidad y puedan definir las soluciones. Si no participa la gente, y se siente excluida, está claro que las medidas no han sido eficaces.

Cuando usted recorre esta población, en el marco de su campaña, ¿qué le dicen los pobladores?

Que se requieren medidas de intervención directa: se deben abrir algunos pasajes, donde se parapetan y protegen los narcotraficantes. Está el tema también de que muchas veces la policía no interviene, mira desde fuera expectante, y obviamente que las bandas actúan sin ningún contrapeso. Es una situación bastante grave, a nuestro modo de ver, porque si la policía no ejerce plenamente sus funciones no hay nada que hacer, entonces la gente se siente indefensa y a merced de estos narcotraficantes.

¿Confía en que alguna vez se pueda terminar con el estigma que se cierne sobre La legua? Muchos residentes no se atreven a decir que proceden de ahí por temor a que los discriminen.

Es una situación que debe terminar. Los vecinos, que son trabajadores, lo único que quieren es llevar una vida tranquila y tal como lo hemos dicho, en la actividad que desarrollamos (este sábado), se debe reivindicar el derecho a vivir en paz. Tienen el derecho a tener un barrio tranquilo y a vivir como gente de trabajo y de esfuerzo. Claramente hay un tema de desigualdad ante la ley, porque esto no ocurre en poblaciones de Vitacura o Lo Barnechea donde los vecinos tienen otro tipo de tratamiento. En La Legua los estigmatizan y los tratan como delincuentes.