Carlos Insunza, presidente de la ANEF, se prepara para enfrentar su primera negociación por el reajuste al mando de la organización.

Patricia Schüller G. Periodista. Preocupado se encuentra por estos días Carlos Insunza, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), porque hasta ahora  el Gobierno –dice- no ha fijado una reunión ni ha propuesto un cronograma de trabajo para iniciar las conversaciones sobre el reajuste y mejoramiento del sector público que entregaron el 5 de agosto pasado.

Dicha propuesta, que establece un reajuste nominal de un 6%,  entre otros petitorios, fue entregada a La Moneda y a los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social por las organizaciones sindicales de la Mesa del Sector Público (MSP), coordinadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

“Hasta el momento el Gobierno, salvo acusar recibo y dar cuenta de la intención de instalar la mesa, no ha fijado una reunión de inicio”, señala este ingeniero civil industrial eléctrico, de militancia comunista. En diciembre pasado asumió el liderazgo de la ANEF y y enfrentará su primera negociación por el reajuste a la cabeza de la organización.

La inquietud de Insunza responde –explica- “a que estamos terminando septiembre y es evidente que tanto la tramitación de la Ley de Presupuesto, por un lado, como el proceso de campaña presidencial y parlamentaria, pueden jugar en contra y complejizar el debate de la negociación de reajuste general, porque se trata de una negociación que tiene por sí misma una dinámica bastante extensa a propósito de que no es solo económica sino que además abarca una gran cantidad de materias laborales, de derechos sociales”.

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, llamó a los trabajadores del sector público “a tener expectativas muy moderadas” respecto del reajuste.

La Mesa del Sector Público tiene plenamente en cuenta la situación económica que está viviendo el país. El petitorio de reajuste que hemos hecho en el pliego es la cifra más baja de los últimos años. Esperamos que el cambio en el Ministerio de Hacienda de cuenta también de un cambio en la lógica. El ex ministro (Rodrigo) Valdés mostró una profunda incomprensión de lo que significa la negociación del sector público y de la relevancia que esta tiene tanto para el Gobierno, el Estado y el conjunto del mundo  laboral. Eyzaguirre ya  fue titular de la cartera, tiene experiencia en la materia, ha sido parte del comité político durante toda esta administración. Entonces, esperamos que eso marque un cambio en la lógica del diálogo, en la voluntad de construir acuerdos.

Usted señaló el año pasado que el ex ministro  Valdés, en la negociación colectiva 2016, “fue una contraparte muy compleja”. ¿Se quedó con una mala impresión de él?

Valdés nunca entendió cuál era el rol que él tenía en este espacio. Un ministro que enfrenta una negociación con la Mesa del Sector Público en la que se le plantean pliegos, con una gran cantidad de materias, y en el ámbito económico opera como si tuviera un empleo de dos dígitos en la mano da cuenta de no comprender cuál es el rango que tiene la mayor negociación colectiva en Chile, cuyos beneficios abarcan a cerca de un millón de familias. Valdés utilizó la negociación del reajuste general como un componente de política monetaria, de política económica, cuando esto no es eso.

Quedan seis meses para que termine el Gobierno. ¿Cómo evaluá la ANEF las reformas que ha impulsado la administración de Michelle Bachelet, especialmente la laboral?

Hemos valorado que el Gobierno haya impulsado reformas que por primera vez, en los últimos 25 años, se tomaron la agenda del país en materia de reformas tributaria, laboral; en temas de derechos como es la reciente promulgación de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y donde los funcionarios públicos tenemos un rol central porque finalmente somos nosotros y nosotras los que implementamos estas políticas públicas y visualizamos cómo estos procesos de transformación tienen impacto en la ciudadanía y en los trabajadores y trabajadoras.

El dirigente enfatiza que “la Reforma Laboral está en plena implementación. Se optó en el proceso, por parte del Gobierno, por excluir a los trabajadores de esta reforma (…), pero aún con sus limitaciones va a ser finalmente un motor para el fortalecimiento de la negociación colectiva (…) Hay que avanzar para influir en el debate con la intención de que la reforma se profundice y se garantice que efectivamente estas transformaciones se den en un marco que tengan un efecto concreto”.

 “Tenemos voluntad de dialogar con todos los candidatos”

Quedan dos meses para las elecciones presidenciales. ¿Con qué abanderado se identifica la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales?

En la ANEF se tomó el acuerdo de plantearles a los candidatos una agenda de transformaciones para el periodo presidencial. En estos intercambios relevaremos nuestros planteamientos tales como la recuperación del sistema de seguridad social integral de carácter público para garantizar pensiones dignas para todos los chilenos y chilenas, que el Estado pueda cumplir cabalmente con su función de construir trabajo decente no solo desde la estabilidad laboral, sino que desde los derechos sociales de los trabajadores para terminar con la precarización de estos. La idea es plantearles la necesidad de ampliar la capacidad del Estado para responder (a las demandas) del pueblo de Chile.

“A partir de esto –agrega-  la Mesa del Sector Público tiene la voluntad de dialogar con todas las candidaturas en función de dar cuenta de quiénes están más cerca de estos planteamientos y quiénes reflejan las aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras del Estado”.

 ¿Ya tienen agendados los encuentros con los candidatos?

Todavía no, pero estamos pensando hacerlos en octubre.

 ¿Un eventual triunfo de Piñera significaría un retroceso muy importante para los trabajadores?

Los trabajadores ya tuvimos la experiencia con el gobierno de Sebastián Piñera. El ex Presidente emitió una carta a los funcionarios públicos en el que comprometió el respeto a los trabajadores del Estado, el respeto a sus derechos, de que no habrían rachas en los servicios públicos, pero en ese periodo se despidió a cerca de 11 mil trabajadores del Estado. Este despliegue agresivo de la derecha, donde se plantea la voluntad de contrarreformas, lo percibimos como una mala señal hacia los trabajadores públicos, que de lo único que da cuenta es que se sigue entendiendo al Estado como un enemigo desde la posición que ellos sustentan.

Remarca que esa mirada implica “un retroceso de las conquistas que se han afianzado con muchas dificultades en este periodo y que permiten seguir avanzando en el desarrollo del país”.