El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes desaparecieron hasta el día de hoy, en uno de los capítulos más oscuros de la historia de México.

Telesur. Ciudad de México. Hoy se cumple el tercer aniversario de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la localidad de Iguala, estado Guerrero, al sur de México.

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes desaparecieron hasta el día de hoy, en uno de los capítulos más oscuros de la historia de ese país.

A tres años del hecho, la causa ya estalló fuera de sus fronteras. Los pueblos de América Latina se unen a sus padres, sus madres, sus hermanos y sus amigos, gritándole al mundo: Nos faltan 43.

Ya son 1.095 días desde aquel en el que los jóvenes fueron atacados por policías locales y hombres encapuchados, dejando como saldo seis muertos y 43 desaparecidos.

El Caso de los 43 Normalistas de Ayotzinapa, como se le conoce, ha dejado de tener hallazgos y/o avances significativos en las investigaciones del Gobierno mexicano.

Hasta el día de hoy, el paradero de los estudiantes sigue siendo no sólo un misterio, sino también un dolor convertido en bandera de lucha para sus padres, movimientos sociales y organizaciones que, sobre todo en este último año, han intervenido aún con más fuerza en México para conocer la verdad sobre su muerte y desaparición.

La noche infinita

De acuerdo con las primeras pesquisas, los normalistas, como cada año, se preparaban junto a otros estudiantes para asistir a la marcha del 2 de octubre, en conmemoración de la masacre de Tlatelolco, ocurrida en 1968.

El día del ataque, los casi cien jóvenes viajaban en buses que previamente habían secuestrado para llevarlos a sus escuelas como un plan para asistir a la marcha que se efectuaría días más tarde.

Del centenar que iba repartidos en los vehículos, dos eran de tercer año, seis de segundo año, y el resto, estudiantes de primer año que iniciaban apenas sus estudios en la escuela rural.

El primer episodio de violencia ocurrió a las 21H30, cuando la policía interceptó los autobuses, atravesando una camioneta en la carretera.

Un grupo de alumnos bajaron de ellos para forcejear con los policías y lograr pasar, pero los uniformados abrieron fuego contra ellos, hiriendo gravemente a Aldo Gutiérrez Solano y matando a Daniel Solís Gallardo.

El resto de sus compañeros, huyeron a esconderse entre medio de los vehículos. Varios de ellos sobrevivieron. Los que no bajaron de los buses, fueron los que corrieron la peor suerte, siendo detenidos por la policía de Iguala.

 

El segundo episodio se registró cuando la noticia del primer ataque corrió veloz entre los compañeros que aún estaban en Ayotzniapa, quienes acudieron al lugar junto a profesores para ayudar a los estudiantes heridos o escondidos en el camino y denunciar la situación.

A eso de la medianoche, y mientras permanecían allí, fueron atacados por un grupo de policías que los repeló con ráfagas. Los jóvenes César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fuente, fueron asesinados.

Paralelamente, en la autopista a Chilpancingo, a la salida de Iguala, otro piño de uniformados disparó contra un autobús que transportaba a los integrantes del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, de la tercera división, creyendo que era un bus secuestrado por los normalistas.

Los deportistas David García Evangelista, de 15 años de edad, Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi que pasaba por el lugar, y Víctor Lugo Ortiz, chofer del autobús que conducía a los jugadores murieron en la represalia.

Desde ese momento, a los 43 estudiantes que fueron secuestrados por la policía se les perdió el rastro.

Caso Impune

Desde el primer día, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) ha participado en la causa. Algunas naciones de la región se han sumado a la demanda, incluyendo a Venezuela, que llevó el caso a la ONU en junio de este año. Poco han pesado también los llamados internacionales de reconocidos artistas y organizaciones sociales y de derechos humanos.

Las investigaciones han seguido un curso ambiguo y arbitrario, según denuncian los querellantes, incluyendo varios episodios en los que el caso ha estado ad portas de cerrarse, en un constante desentendimiento por parte de las instituciones que, mutuamente, se responsabilizan del crimen.

Las críticas al rol del Gobierno de Enrique Peña Nieto en cuanto al desinteresado manejo del caso, han sido la tónica que marcaron estos últimos tres años; meses en los que los atropellos físicos y morales contra los familiares no cesaron. De no ser por el respaldo de organizaciones locales ajenas al Estado y presiones externas, la lucha de los padres y madres permanecería silenciada.

De hecho, más de 120 personas han sido detenidas durante la investigación, pero sólo 70 de ellas fueron formalizadas por su participación en los hechos, sin lograr concretar una responsabilidad directa ni tampoco esclarecer los sucesos posteriores a las detenciones y el paradero de los cuerpos de los estudiantes.

Es más, desde el secuestro colectivo, tres personas han encabezado la Procuraduría General de la República: Jesús Murillo Karam, Areli Gómez y, actualmemte, Raúl Cervantes. Todos ellos fueron severamente cuestionados por la forma en que han llevado las investigaciones.

Lo que viene

Según las reuniones sostenidas entre el GIEI y la PGR hace cuatro meses, el Gobierno comprometió entre agosto y octubre de este año el cumplimiento de nueve puntos -incluyendo los cuatro solicitados por los familiares- sobre las investigaciones del caso:

  1. La investigación exhaustiva del trasiego de droga entre Iguala (México) a Chicago en Estados Unidos (EE.UU.), como móvil de la agresión.
  2. La detención de policías federales, municipales y ministeriales de la ciudad de Huitzuco, donde desaparecieron al menos 25 estudiantes en manos de estas autoridades, según investigaciones.
  3. La probable participación del Ejército del 27 Batallón de Infantería por los hechos 26 y 27 de septiembre de 2014.
  4. Las líneas telefónicas de los más de 17 celulares de los alumnos que continuaron activas luego de sus desapariciones.

Ante la promesa, las palabras emitidas en ese entonces por Vidulfo Rosales, abogado de las familias, cobran hoy la fuerza de un triste vaticinio de desesperanza: «Que quede claro, no estamos hablando de investigaciones que se están iniciando (…) No son asuntos nuevos, no son expedientes que se van a iniciar el día de hoy, son expedientes que se traen desde el año pasado, desde hace dos años o más».  En efecto, a un mes del plazo perentorio, las investigaciones comprometidas en las nueve líneas, sólo alcanzaban un 30% a principios de septiembre.  Además, el 1 de julio de 2018 se celebrarán en México las elecciones presidenciales, comicios en los que el Partido Revolucionario Industrial (PRI) enfocará su calendario en preservar la administración ejecutiva, sumado a una necesaria reconstrucción del país, tras los devastadores daños materiales y emocionales del Huracán Irma y los dos recientes terremotos de septiembre; desplazando en la agenda política a una ya desplazada demanda por la verdad y justicia de los 43.