Defensa a ex violadores de DDHH y acusaciones a sector de la población. Cuestionamientos a la Justicia. Nuevo ataque a figura de Salvador Allende.

Gonzalo Magueda. Santiago. Sigue demostrándose que los jefes de las Fuerzas Armadas y Carabineros en tiempos de post dictadura, están alineados con las tesis construidas durante el régimen militar, por la derecha y por violadores de los derechos humanos.

En vísperas de una nueva conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, organizado y materializado por altos oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, un grupo de antiguos jefes de las ramas militares y de la policía uniformada, sorprendió con una carta publicada en el diario El Mercurio donde cuestionan los procesos judiciales contra represores, reivindican ser los únicos que han reconocido responsabilidades por los hechos del pasado, y victimizan a quienes están presos por casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y torturas.

Aunque ahora “son civiles”, como dijo el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, la calidad de los firmantes es de ex comandantes en jefe, ex almirantes y ex generales directores, lo que tiene una significación política e institucional. Por cierto, ninguno de los actuales jefes de las FFAA y Carabineros expresó estar preocupado o en desacuerdo con la misiva.

Los antiguos uniformados sostienen en su carta que quienes dieron el golpe de Estado y respaldaron y trabajaron para la dictadura, ya reconocieron su responsabilidad en esos hechos y en lo que se refiere a actos de violaciones a los derechos humanos que dejaron alrededor de 4 mil chilenos ejecutados y detenidos desaparecidos. “Consideramos grave que al único sector que ha asumido sus culpas en el ayer se lo discrimine tan abiertamente”, indicaron, defendiendo a sus antiguos colegas procesados y encarcelados.

En contraste, según ellos, quienes respaldaron al Gobierno Constitucional de Salvador Allende y se opusieron al régimen militar, no han “respondido por sus propias culpas”, en una tácita advertencia de que deberían pagar por ellas. Agregan que “los otros actores, activos y pasivos, en la tragedia de antaño, disfrutan de un Chile donde para ellos están todos los caminos y espacios abiertos”.

La misiva fue firmada, después de analizarla y consensuarla, por comandantes en jefe del Ejército: Óscar Izurieta y Juan Miguel Fuente-Alba; los ex comandantes en jefe de la Armada: Jorge Arancibia, Miguel Vergara, Rodolfo Codina, Edmundo González y Enrique Larrañag. Los ex comandantes en jefe de la Fuerza Aérea: Fernando Rojas, Patricio Ríos, Osvaldo Sarabia, Ricardo Ortega y Jorge Rojas y los ex generales en directores de Carabineros: Fernando Cordero, Eduardo Gordon y Gustavo González.

En la carta, los ex jefes de las FFAA y Carabineros en este periodo democrático, hicieron cuestionamientos al actuar del Poder Judicial y a la institucionalidad vigente.

Señalaron que “en el último tiempo, ha habido una transgresión a las formas como la política y la justicia enfrentaban el ayer, respecto de las responsabilidades que les pudieran caber a las instituciones y su personal en los hechos del pasado”.

Además, en uno de los párrafos sostuvieron: “La apertura de nuevos procesos, ya no solo vinculados con muertes o desapariciones, sino con denuncias de todo tipo -muy difíciles de probar-; la falta de debido proceso que sufren cientos de militares y carabineros; penas cada día más altas a condenados muchas veces solo por presunciones; el ensañamiento para mantener presos a personas ancianas -que incluso han perdido la noción de lo que sucede-; el anunciado cierre del penal Punta Peuco, que en democracia y por acuerdo político, se construyó para el cumplimiento de penas privativas de libertad; la aplicación unilateral del sistema procesal penal antiguo y de normas con efecto retroactivo, marcan, entre otros aspectos, un importante retroceso de la forma como se actuaba para que este sector de chilenos asumiera sus responsabilidades en un marco de justicia y dignidad propias de una transición”.

“La situación descrita nos duele y nos preocupa”, indicaron los antiguos jefes castrenses y policiales; pero dejando una estela de preocupación a la ciudadanía al hacer un duro cuestionamiento a las investigaciones judiciales, a los antecedentes recogidos, a la labor de fiscales y abogados, a las decisiones de Tribunales de Justicia, incluida la Suprema Corte de Justicia, a las resoluciones que significaron condenas a reconocidos represores, violadores de los derechos humanos y autores de crímenes de lesa humanidad.

Pese que las dirigentas de las agrupaciones de víctimas de la represión, abogados, parlamentarios y representantes de la sociedad civil insisten en que las FFAA y Carabineros no entregan antecedentes e información de innumerables casos represivos, principalmente con resultado de ejecución y desaparición, que hubo información entregada que fue falsa y que hay requerimientos que los estamentos militares y de carabineros se niegan a entregar, los ex oficiales dijeron en su misiva que “cada uno de nosotros, en el ámbito de nuestras responsabilidades y en la época que nos correspondió, contribuimos a un actuar que buscó cerrar las heridas existentes, en el convencimiento de que había una voluntad de considerar el contexto del pasado y hacer racionalmente justa la forma de responder por el mismo. Actualmente, se ha trastocado todo aquello”.

En el texto no hay referencia a que todavía no se sabe el paradero de cientos de detenidos desaparecidos a manos de las instituciones que los firmantes de la carta dirigieron.

Luego, en tono de clara advertencia a la ciudadanía, los antiguos jerarcas militares aseveraron: “No pongamos en riesgo los logros con tanto esfuerzo alcanzados, manteniendo artificiosamente las divisiones del pasado”.

Junto con eso, queriendo establecer que la “separación” de los militares se daría durante la transición y no como consecuencia del golpe de Estado y la dictadura, “para las FF.AA. y Carabineros, especialmente para su personal en retiro, se han generado brechas que van separándolas de una sociedad de la cual forman parte”. Implícitamente, según ellos, sería por las condenas por violaciones a los derechos humanos y por las condiciones de los respectivos arrestados.

Siguiendo la tesis de “contextualizar” el golpe de Estado de 1973 y los hechos ocurridos durante la tiranía, los ex jefes de las FFAA y Carabineros plantearon en la carta que se afecta hoy a los represores y miembros de esas instituciones “cuando en el plano político y judicial se mira y evalúa el ayer solo con los ojos y criterios de hoy”.

Varios de los firmantes son o fueron militantes, funcionarios de Gobierno o parlamentarios representando a la derecha del país y han sido defensores del régimen militar o, cuando menos, nunca lo han condenado.

“Estarían presos”

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, hizo declaraciones en relación a la misiva de los ex jefes militares y de carabineros. “Si en dictadura 13 o 16 comandantes en jefe hubiesen hecho una declaración de esta naturaleza, les aseguro que estarían presos o desaparecidos”, aseveró.

Y saliendo al paso de los dichos de los ex uniformados, planteó que en Chile “existe justicia independiente, tribunales, procedimientos que hoy son posibles de tener gracias a un sistema democrático”. Sobre la no existencia de procesos realmente legales o de existencia de irregularidades en los procesos contra violadores de los derechos humanos, el titular de Defensa aseguró que “los ex comandantes en jefe…tienen la posibilidad de opinar. Lo segundo y que quiero decir con mucha fuerza es que me alegro de poder vivir en un país como Chile en que tenemos libertad de expresión”.

Añadió que ahora en el país “las decisiones políticas las toma el Gobierno y las decisiones judiciales los tribunales”.

La vocera de La Moneda, Paula Narváez, enfatizó frente a esta situación que en Chile, debido al golpe de Estado y la existencia de una dictadura, hubo personas que “fueron perseguidas, muchas de ellas desaparecidas y muchas de ellas no se conoce su destino. Durante todos estos años, lo que ha habido es un esfuerzo por más verdad, por justicia y reparación, ese es el único camino posible: Verdad, justicia y reparación”. Una alusión implícita de que las entidades militares y policiales deben contribuir a tener información de los casos represivos.

“Eso es lo que necesita nuestra democracia” dijo la vocera y agregó que “afortunadamente la democracia no se lesiona ni las instituciones de la República tampoco cuando actúa la justicia, la justicia sin apellidos”.

En clara referencia a los contenidos de la misiva de los ex uniformados, Paula Narvaéz indicó que “poner en entredicho (la labor de Justicia) es quitarle legitimidad a nuestra institucionalidad”.

La alta funcionaria expresó asimismo que “es muy importante frente a esto hacer un llamado a la responsabilidad de nuestras acciones, sobre todo aquellas personas que tiene un rol público, que es ser cuidadosos con nuestros actos, porque podemos lesionar nuestra democracia, tenemos un llamado que hacer y que llevar en lo concreto que es cuidar nuestra democracia y seguir avanzando en justicia, en verdad y en reparación”.

“Amenaza soterrada”

Frente a este episodio, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, indicó que la carta de los ex jefes de las FFAA y Carabineros “en pocas palabras es una amenaza soterrada a la democracia, porque ante la cobardía, la felonía y la sedición les gritamos en su cara verdad y justicia”.

Añadió que “por eso es tan grave y peligroso lo que hoy día ha hecho esa tropa de cobardes sediciosos en esa carta en su pasquín de difusión que es el diario El Mercurio, por eso es tan peligroso y esperamos, exigimos y demandamos un pronunciamiento de las autoridades del país”.

La ofensiva de Kast

En medio de todo esto, y en lo que podría ser una ofensiva de la derecha en la víspera de otro aniversario de la asonada militar de 1973, el candidato presidencial de ese sector político y ex militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), José Antonio Kast, llamó a sacar la escultura del Presidente Salvador Allende de la Plaza de la Constitución.

En un argumento insospechado y sorpresivo, el personero de derecha dijo que “todas las personas, todas las organizaciones, todas las autoridades políticas, todos quienes tienen un rol público, pero también todas las organizaciones sociales tenemos un llamado que hacer y llevar en lo concreto, que es cuidar nuestra democracia y seguir avanzando en justicia, en verdad y en reparación”.

A partir de eso, Kast planteó sacar la estatua de Allende, ampliar las instalaciones de Punta Peuco como lugar de detención de violadores de derechos humanos y que el Museo de la Memoria, creado para establecer verdad respecto al periodo dictatorial, incluya el tiempo del Gobierno de la Unidad Popular.

Respecto a lo primero, la vocera de La Moneda indicó que “la figura del Presidente Allende es no solo reconocida en nuestro país, es una figura reconocida a nivel internacional. Un Presidente electo democráticamente, un presidente constitucional, y por lo tanto no vamos a hacernos cargo de este tipo de provocaciones”.

Además, el personero derechista llamó a revisar y corregir los presupuestos asignados a las organizaciones de derechos humanos y al Museo de la Memoria que, según él, contribuyen “a la división de los chilenos”.