La Presidenta Bachelet firmó el proyecto de ley que tipifica como delito la incitación a la violencia por discriminación.

Agencias de Noticias. Santiago. “Estamos reivindicando los principios esenciales que sustentan la democracia de nuestra república: la diversidad, la tolerancia, el respeto y, sobre todo, una cultura de paz donde no puede haber lugar para la violencia ni el odio”, expresó la Presidenta Michelle Bachelet, tras firmar el proyecto de ley que agrega un nuevo artículo al Código Penal y que busca castigar a quien públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión pública, incite directamente a la violencia física contra una persona o grupo de personas, ya sea por su raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género o creencias.

La mandataria manifestó que “con dolorosa frecuencia nos enteramos de casos de agresiones, verbales, físicas o psicológicas, motivadas por el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, las creencias, la cultura o la nacionalidad de la víctima”, situaciones que aseguró son “una afrenta para nuestras sociedades, nos avergüenza como grupo humano y nos convoca a trabajar para evitar que se repitan o, peor, escalen. Y esto incluye no solo impedir actos de odio y violencia, sino también el lenguaje que conduce a ellos o los naturaliza”.

La iniciativa establece una pena por este delito de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días y multa de treinta a cincuenta unidades tributarias mensuales, de $1.400.790 a $2.334.650, aproximadamente.

En caso de que el delito sea cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o en razón de su cargo, la pena irá de 541 días a 3 años, y la multa será de 50 UTM.

Además, se modifica la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, para hacerlas responsables de este delito cuando sea cometido en interés de dichas personas jurídicas por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos, representantes o quienes tengan funciones de administración y supervisión.

Asimismo, se elimina la norma de la Ley de Prensa que solo castigaba con multa a quien hiciera publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad a través de cualquier medio de comunicación social.

Para concretar dicho marco legal desde el Ejecutivo se reunieron con distintos actores sociales como las Comunidades Judía y Palestina, el Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de la Prensa, abogados penalistas y organizaciones de la sociedad civil, para acoger sus inquietudes y planteamientos.

Bachelet recalcó que “estos son los estándares internacionales que se usan para garantizar que no se cometan abusos en este sentido, estándares que Chile también está adoptando y reconociendo en este proyecto. Estándares, además, que crecientemente debemos exigir a quienes cuentan con el privilegio de hacer sus opiniones en el espacio público”.

Y destacó que “de esta manera, y a través de este proyecto, fortalecemos la capacidad de Chile de construir, a través del diálogo democrático y respetuoso, un clima de diversidad e integración entre sus habitantes”.