Es cierto que hubo una diferencia fuerte al interior del Gobierno. Por miradas estratégicas y no de política menor.

Hugo Guzmán. Periodista. Más allá del anecdotario en ocasiones lapidario, las versiones de pasillos y elementos contingentes puntuales, en la salida de los ministros de Hacienda y Economía hay un tema central y de fondo: qué apuesta se hace en el país respecto al modelo de desarrollo a seguir, el factor estratégico de las materias primas y el cuidado del medioambiente.

Por lo demás, siempre en estas situaciones está o debe estar el componente de efecto social y es de Perogrullo indicar que tiene que ver también con decisiones políticas.

Cuando se decide detener un proyecto minero como el de “Dominga”, que iba a tener efectos nocivos en el medioambiente e impacto social negativo, se apuntó a una respuesta no técnico-económica, sino política, social y medioambiental.

La economía, como lo han señalado diversidad de personeros del mundo progresista y de izquierda, debe siempre tener en consideración la defensa y al mismo tiempo el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y promover el desarrollo nacional.

Por eso, que proyectos empresariales y trasnacionales específicos generen efectos que afecten al país y sectores de la población, es algo que cualquier Gobierno progresista, de izquierda y sensible, debe tener en consideración y, como ocurrió en este caso, tomar las decisiones de acuerdo al bien común del país y de la gente.

Hay otra visión que sitúa todo esto en el ámbito técnico-económico, dándole una centralidad al factor de crecimiento y de promoción de inversión. La tesis es que frenar proyectos como “Dominga” amenaza el crecimiento, la inversión y la confianza del mundo empresarial tanto local como externo. En ello, se sostiene, es conveniente seguir con proyectos de minería inspirados por trasnacionales.

Esa postura va de la mano del proyecto extractivista que se instauró en Chile con fuerza durante el pasado régimen militar y que, en lo básico, lleva a la sobreexplotación y dependencia de las materias primas. Y que beneficia, como se comprueba en cualquier estadística, a empresas trasnacionales y que, según apuntan muchos expertos en estas materias, contribuye prácticamente nada al desarrollo de Chile, menos a su industrialización.

Lo que más hace ese formato, es generar ingresos a las finanzas públicas, las cuales se ven en crisis cuando bajan los precios de materias primas. Sin olvidar que se está enfrente de recursos que se agotan.

En esto es pertinente recordar el planteamiento de economistas y organizaciones políticas y sociales en cuanto a que Chile camine hacia otro modelo de desarrollo sustentable que, entre otras cosas, permita que los recursos naturales sirvan, esencialmente, para el desarrollo industrial nacional con un sentido estratégico.

Como sea, a nivel internacional está instalado que en el camino del crecimiento y el desarrollo, es prioritario el cuidado del ambiente y de las condiciones de vida de la población. Gobernantes ultraconservadores y proempresariales a ultranza, como Donald Trump, de desentienden de esas preocupaciones y medidas.

Todo esto, llevado al terreno de decisiones políticas, genera tensiones y diferencias, como las que vivió el Gobierno en estos días. Y suele ocurrir que, en efecto, chocan las dos miradas respecto a cómo entender el funcionamiento de la economía.

Por tanto, es cierto que hubo una diferencia fuerte al interior del Gobierno. Por miradas estratégicas y no de política menor como antojadizamente se quiso instalar desde la derecha.

En el caso del Ministro de Hacienda no era la primera vez, y ya vocerías políticas, sociales y sindicales, por ejemplo, habían expresado inquietudes y críticas respecto al papel acotador del personero en las modificaciones del modelo privado de pensiones. No es casual que, como en el caso de “Dominga”, en esa materia también obtuvo respaldos empresariales y cuestionamientos desde segmentos del oficialismo.

Rodrigo Valdés, al hablar de su salida del Gobierno, expresó en tono lastimero que no logró “que todos compartieran mi convicción”. Tácitamente se refería a la situación dentro del Gobierno.

El tema es que cualquier administración gubernamental opera para las convicciones de un programa, de la jefatura de Estado, de sus tesis de Gobierno, y no de algún ministro en particular.

Algo de esa convicción la expresó la Presidenta Michelle Bachelet cuando señaló que “no concibo un desarrollo a espaldas de las personas, donde sólo importan los números”. También sostuvo que “nuestro país y nuestro planeta enfrentan desafíos mayores debido al cambio climático…” Y sentenció la jefa de Estado: “Necesitamos que el crecimiento vaya de la mano con el cuidado del medio ambiente. Esto no es asunto de gustos personales, sino que una necesidad objetiva del país”.