Se la juegan por instalar que en el sur hay terrorismo extendido y apuestan por ampliación de la militarización de la zona mapuche.Magueda. P. Ryan. Periodistas. Al final, fue simplemente un audio hecho circular por las redes sociales. Pero ejemplificó los esfuerzos que hace la derecha, segmentos del empresariado y sectores ultraconservadores por generar un ficticio ambiente de caos y miedo en la población. El audio advertía de un “paro nacional” de los camioneros y alertaba de un extendido desabastecimiento del que sería víctima la población en todo el territorio nacional.

En lo más grueso, los empresarios camioneros amenazaron al Gobierno con, efectivamente, realizar un paro en el país si no se les respondía satisfactoriamente a sus demandas. Asociados con la derecha política en cuanto a instalar que en el sur de Chile hay terrorismo extendido y que la primera y más efectiva solución es aplicar la Ley Antiterrorista, reforzar el contingente policial y que el Poder Judicial actúe con mano dura. La tesis de ampliar la militarización y la represión en las zonas mapuches.

En medio de eso, por cierto, los análisis en torno de lo que logran realmente los ataques incendiarios contra camiones, y si contribuye a que se comprenda y se avance en materia de derechos de los pueblos originarios, o agudizan una situación de confrontación y violencia.

Con el ingrediente de que vocerías desde el mundo indígena insisten en que estas situaciones son producto del continuo abuso de empresarios agrícolas, de la represión y explotación de compañías forestales privadas y de la militarización y operativos contra las comunidades mapuches.

Como sea, la derecha y segmentos del empresariado -con el componente agresivo ya conocido de dirigentes camioneros- pasó a una ofensiva contingente destinada a imponer medidas restrictivas, represivas y autoritarias. El camino de la solución pacífica, de responder a las demandas de los pueblos indígenas, de profundizar políticas sociales y de respetar la cultura y los derechos de ese sector de la población, queda rezagado.

Instalar una percepción

En todo eso juegan un papel los medios de prensa tradicionales, principalmente televisión y diarios, sobreexponiendo imágenes de los camiones quemados, de carabineros en tenida de guerra y vocerías de camioneros. El Mercurio llegó a establecer un despliegue de páginas que unos días incluyó un cintillo especial denominado “escalada violentista en el sur”. Varios medios radiales, televisivos e impresos establecieron en sus líneas editoriales la existencia de “hechos terroristas” en La Araucanía, independiente de lo que dice la ley y los conceptos internacionales respecto a las características de un acto terrorista.

Desde los partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, y desde vocerías de empresarios del sur y de dueños de camiones, se insistió en necesidad de aumentar “la Inteligencia policial”, elevar el contingente de carabineros en torno de las comunidades mapuches, se acusó al Estado e incluso al Instituto Nacional de Derechos Humanos de proteger y tener mano débil con terroristas, se dijo que quienes queman camiones tienen “entrenamiento militar extranjero” y se cuestionó labor de los jueces. Es decir, una crítica al sistema institucional.

Acosar al Fiscal Nacional

Un punto destacado en esto, fue el anuncio de los parlamentarios ultraderechistas, Jorge Ulloa y Gustavo Hasbún, ambos de la Unión Demócrata Independiente (UDI), de meter un proyecto de ley que permita acusar constitucionalmente al Fiscal Nacional. Es decir, ya no solo andar acusando constitucionalmente a ministros de Estado, sino que a máximas autoridades judiciales cuando no se comparten sus afirmaciones o pensamientos.

Esto abriría paso a un duro enfrentamiento con Jorge Abbott, actual Fiscal Nacional, porque, entre otras cosas, dijo, ante la quema de camiones, que “los empresarios tienen una responsabilidad importante en la custodia de sus bienes, particularmente en una zona en que sabemos el nivel de riesgo que existe”.

Los directivos del gremio empresarial nacional y específicamente de La Araucanía, coincidieron con las intenciones de Ulloa y Hasbún.

Gobierno culpable de terrorismo

En la línea de enmarcar todo en un rango de caos y desestabilización, distintos actores de la derecha insistieron en la prevalencia del terrorismo en una parte de Chile. Y acusaron al Gobierno y entidades del Estado de no querer “enfrentar este flagelo”. No solo eso, algunos tácita o explícitamente acusaron al Gobierno por la quema de camiones.

“Al Gobierno le cabe mucha o toda la responsabilidad de la situación que ocurrió (el incendio de camiones)…el Gobierno no tiene la intención de resolver estos graves problemas”, dijo Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga.

Fue más allá y sentenció que “el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet tiene un grave complejo ideológico para enfrentar el terrorismo y la delincuencia en el país”. Criticando la opción del diálogo, Pérez sostuvo que “estos problemas no se resuelven con más conversaciones, sino con acciones”.

En esa línea, el director del Instituto de Libertad y Desarrollo -ligado a sectores ultraconservadores del país-, Luis Larraín, acusó al Estado y al Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) de proteger a supuestos “grupos terroristas” que estarían en la región de La Araucanía haciendo atentados incendiarios bajo la “excusa” de la causa mapuche.

Indicó que “hay una red de protección a grupos políticos que cometen estos crímenes, y que están relacionados con minorías muy ínfimas, grupos muy minoritarios, que toman la causa mapuche, pero que, obviamente, no representan el sentir del pueblo mapuche”. El dirigente conservador fue más allá y culpó a las fuerzas políticas y de ser “débiles” ya que aseguró que “le tienen miedo a la reacción de los grupos más de izquierda que hablan de la represión contra los mapuche”.

El que también dio por hecho la existencia de terrorismo y debilidades del Gobierno para encararlo, fue Sebastián Piñera, el candidato presidencial de la derecha. “Este Gobierno ha mantenido una permanente actitud de debilidad y ambigüedad en la lucha contra el terrorismo”, afirmó. Y añadió que “esta debilidad y ambigüedad han motivado la expansión del terrorismo y han facilitado su total impunidad”.

No a aborto en 3causales y Matrimonio IgualitarioEstas instalaciones se producen en paralelo a los duros cuestionamientos de la derecha y sectores conservadores como la Iglesia Católica, a iniciativas gubernamentales -por lo demás respaldadas por la mayoría de la ciudadanía como lo demuestra todo tipo de encuestas- como la interrupción del embarazo en las causales de peligro de vida para la mujer, violación e inviabilidad del feto y matrimonio igualitario que incluye la adopción de menores.

Tanto Piñera como José Antonio Kast, también aspirante presidencial conservador, plantearon revisar o simplemente echar abajo la ley de aborto en tres causales, y son opuestos al matrimonio igualitario y la posibilidad de adopción.

Distintos personeros de la derecha insisten en que esos proyectos no dan cuenta de las preocupaciones de la mayoría de la sociedad, los encuentran atentatorios a la cultura y la ética, y han planteado que en un eventual futuro Gobierno conservador o un Parlamento con mayoría derechista, se deberán revisar e incluso suprimir ese tipo de legislación.

No pasa desapercibido que toda esta situación se pretende instalar cuando es constatable una ofensiva gubernamental por proyecto que van en beneficio de amplios sectores del país y que tienen que ver con transformaciones al interior de la sociedad chilena.

La contingente ofensiva conservadora de la derecha se produce cuando se asiste a la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, al impulso del proyecto de matrimonio igualitario, a los avances en la institucionalidad de pueblos indígenas con la creación de un ministerio en esa materia, avances en la mejora de pensiones para los jubilados.

Es en ese cuadro que varios analistas hablaron de una posible alza en el nivel de respaldo a la gestión de Michelle Bachelet y, como sea, de que estas medidas solidifican a su administración e incluso ayudan a la candidatura presidencial de Alejandro Guillier, representando al progresismo y la izquierda.

Hasta el propio Piñera, aunque en tono crítico, tuvo que admitir que los recientes logros del Gobierno se podrían usar “con fines electorales”, dando por hecho que ello ayuda a Guillier.