Desde ahora, el Estado protege mejor a la mujer chilena y le otorga garantías para decidir.

Editorial. El Siglo. Ya se conocerán los argumentos de sus integrantes, pero lo que quedó establecido en la votación por mayoría del Tribunal Constitucional, fue la constitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo por tres causales, lo que habla de un proyecto estructurado con cuidado, con inteligencia, con sentido jurídico, y de constatable sentido de política pública y derecho.

Por lo demás, dicha ley fue aprobada de manera democrática en una mayoría transversal en el Senado y en la Cámara de Diputados, después de arduo trabajo en comisiones y extendidos debates entre las y los parlamentarios, que dio cuenta de la profundidad de la labor legislativa.

Por cierto, el proyecto fue elaborado y promovido por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, en el convencimiento de otorgarle a la mujer chilena dignidad, un derecho básico, capacidad de decisión y opción, y libertad ante situaciones dramáticas. Nunca se estableció la obligatoriedad, sino la voluntad como principio.

Por si fuera poco, todo sondeo realizado en el país, arrojó que entre el 70 y el 80 por ciento de chilenas y chilenos están a favor de esta ley que despenaliza el aborto en caso de peligro de vida para la mujer, violación o inviabilidad del feto.

El que se cuente ya con esta legislación, implica que en Chile se avanzó derecho, en democracia, en libertades y en tolerancia.

No es gratuito insistir en que aquellas mujeres que, por las razones que esgriman, no deseen interrumpir su embarazo, continuarán con el derecho de hacerlo. Como también lo tendrán aquellas que opten por otro camino. Eso es lo que garantiza ahora el Estado chileno.

Este tipo de legislaciones y de otorgamiento de derechos, no puede ni debe estar regido, como algunos lo quisieran, por preceptos religiosos, de sectas, por tendencias políticas o criterios particulares. Debe existir una legislación que garantice opciones de todas las habitantes de este país, sin imponer a nadie una decisión.

Desde ahora, el Estado protege mejor a la mujer chilena y le otorga garantías para decidir. Ése es el gran paso que, por lo demás, restituye una situación que ya existía en Chile y que fue eliminada por la dictadura cívico-militar.

El país, además, se pone a la altura de estándares internacionales y de criterios universales en esta materia, y avanza en una legislación que da cuenta de la realidad de las mujeres.

Tuvo enorme valor en todo esto la iniciativa del Gobierno de Michelle Bachelet y la labor seria y encomiable de los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y de Salud. Pero sin duda fue decisiva -no solo en estos años sino desde hace muchos años- las valientes, inteligentes, consecuentes y entusiastas luchas de miles de mujeres chilenas para que se le respetaran sus derechos, se les garantizara la libertad de decidir y se hiciera valer su voz.