Lo que está promoviendo el Gobierno es una política pública sustentada en el derecho de la mujer y apoyada por la inmensa mayoría del país.

Patricia Ryan. Periodista. En todos los sondeos realizados, más del 70% de las y los ciudadanos del país expresaron su respaldo al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por tres causales -peligro de muerte de la mujer, violación, inviabilidad del feto-. Los argumentos en torno de la iniciativa no solo se ajustan al derecho internacional y se suman a los criterios legislativos de decenas de países miembros de la Naciones Unidas, sino que aportan a la racionalidad frente a una realidad objetiva y social, a criterios médicos y científicos universales y a que el Estado responda con una política pública donde se dé espacio al ejercicio de un derecho de la mujer, sin que sea criminalizada.

Una decisión y legislación de esta envergadura, no puede estar sujeta o determinada por una creencia religiosa, un criterio político, o la imposición de alguna doctrina específica. Tiene que responder a una racionalidad y criterio universal, plural y abierto a opciones, donde una mujer pueda, en derecho, optar por una decisión en situaciones tan dramáticas como el peligro de su vida, el trauma de la violación y la inviabilidad del feto. Es bueno insistir que este proyecto indica que se trata de una decisión voluntaria, es decir, nadie obliga a abortar en las causales referidas.

Ciertamente que cantos religiosos y frases fanáticas lanzadas al vuelo frente al Tribunal Constitucional no pueden determinar el curso de una legislación ni el derecho de las mujeres. Asimismo, era de esperar que los sectores conservadores del país, la jerarquía católica y grupos que plantean la prohibición del aborto en toda circunstancia (dejando a Chile entre los nueve países del mundo que niegan ese derecho en cualquier causal), se iban a oponer y apoyarían a los partidos de derecha en su requerimiento ante el Tribunal Constitucional.

Hay que referir que esta iniciativa fue presentada por el Gobierno de Michelle Bachelet como respuesta a una demanda ciudadana y cumpliendo con una promesa de su programa, que contó con amplio respaldo. Siempre se habló del caso sensible de las tres causales, lo que coloca en un plano de mentira a quienes sostienen que habrá aborto libre en el país.

Con este proyecto Chile vuelve a un estándar internacional e incluso avanza en recuperar una legislación anulada por la dictadura. Es así que el aborto terapéutico existió en el país desde 1932 hasta 1989. La Ley de Aborto Terapéutico estuvo incluso vigente con la actual Constitución por nueve años.

En ese período y en pasadas décadas del siglo pasado, nadie en Chile sostuvo que el aborto terapéutico e incluso tácitamente las causales que se presentan ahora, fuera algo inconstitucional. Ni siquiera cuando estaba consagrado en la institucionalidad impuesta durante la dictadura. En esos periodos, como ahora, se reivindica desde amplios sectores de la sociedad, por parte de constitucionalistas, legisladores, expertos, médicos, matronas y matrones, la constitucionalidad del proyecto, es decir, atenida a los preceptos de la Constitución.

A todas luces el argumento de inconstitucionalidad aparece como un pretexto político de la derecha y segmentos conservadores para alentar una decisión del Tribunal Constitucional en contra de la iniciativa que consagra un derecho ciudadano y civil a las mujeres.

Se ha insistido en que hay respeto a la Constitución y que el proyecto de ley  constituye un avance fundamental para los derechos civiles de las mujeres chilenas. Así también, amplía las libertades y reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en circunstancias extremas.

Por lo demás, lo inconstitucionalidad podría radicar en que el Estado obligue a una mujer a determinada decisión, lo que no es el caso del proyecto actual.

Tal como lo han señalado varios juristas, este no es un tema de estar a favor o en contra del aborto, sino de estar a favor o en contra de derechos de la mujer y estar a favor o en contra de que se penalice una decisión en específico respecto a interrupción del embarazo en las tres causales señaladas.