Está extendido por el país, desde las AFP y empresas de agua y luz, pasando por actos abusivos de jerarcas católicos, hasta en servicios públicos.

  1. Guzmán. P. Schüller. Periodistas. En Chile está extendido el abuso.

La constatación es notable en diversidad de ámbitos. El abuso de las AFP y los planes de las Isapres. El abuso de las grandes empresas privadas del agua y la electricidad. Los abusos sexuales de jerarcas de la iglesia católica contra menores de edad y adolescentes. Las prácticas abusivas contra niñas y niños vulnerables. El abuso de Carabineros hacia sectores de la población. La abusiva colusión de consorcios empresariales que afectó a millones de personas. Los abusos del Transantiago y del Metro, sobre todo con los adultos mayores. Los abusos cotidianos en supermercados, aseguradoras, inmobiliarias y cajas se compensación. El abuso hacia el pueblo mapuche. Las acciones abusivas de empresas constructoras y de seguridad, de guardias privados y municipales. El abuso de empresas cobradoras y financieras, de bancos, y en el cobro de abultadas deudas universitarias.

Si nos atenemos a la definición literal este consiste en la inflexión de daño tanto físico como psicológico de una persona a otra, o de una autoridad a un subordinado. Si hurgamos en la historia de Chile observamos que el fenómeno de alguna manera está enraizado en nuestra sociedad y se ha cernido a lo largo del tiempo como una sombra sobre los ciudadanos.

“Uno en este país siempre está pensando que te van a cagar” dice en testimonio una joven universitaria. Y si alguien dijo alguna vez que los chilenos viven con miedo -miedo a perder el empleo, a convertirse en jubilado, miedo a enfermarse- se podría parafrasear que los chilenos viven presa del abuso o, al menos, de pensar que van a abusar de ellos.

Hay, por cierto, un micro-abuso, cotidiano, donde participan diversidad de actores, como el caso de la violencia intrafamiliar o el que se produce de un jefe hacia un subalterno en un centro de trabajo. El que ocurre con alzas de pasajes a regiones en los feriados, en las malas condiciones de los buses del TS pese a la alta tarifa, en la mala atención e información en servicios públicos del Estado. El “abuso laboral” hace rato que se incorporó en este país.

Está también un abuso sistémico. El abogado constitucionalista Fernando Atria sostuvo que en Chile “el abuso es un problema constitucional desde una mirada ciudadana”. Y añadió que “no es casualidad que en los años de neoliberalismo lo que más ha crecido es el abuso, el abuso institucional, del poder económico, de los poderes fácticos”.

Claro que hay prácticas abusivas que, para algunos expertos, tienen que ver con el deterioro valórico que se va produciendo en la sociedad, con la alteración de comportamientos, con la impunidad en que pueden operar muchas personas. Esto se graficó dramáticamente en el caso de los abusos sexuales de jerarcas de la iglesia católica con menores de edad. También en las altas cifras de femicidios en el país -al 8 de julio se registraban 25 consumados y 60 frustrados- que sintetizan el abuso contra la mujer. Y los innumerables casos de vejámenes, torturas, ejecuciones, que fueron cometidas por militares y carabineros, y actos represivos y alevosos que siguen sucediendo.

El abuso en grande

Las estadísticas indican que el promedio de las jubilaciones de los chilenos es de 400 mil pesos mensuales. Con eso, realmente, nadie vive al mes. En contraste, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), tuvieron multimillonarias utilidades, en torno de un 42% en el primer trimestre de 2017. Los planes de salud siguen siendo caros para las familias, con limitaciones y “tarifas” abusivas para las mujeres y enfermos crónicos, mientras que las Isapres (Instituciones de Salud Previsional) obtuvieron utilidades de un 100% en los primeros seis meses de este año. La gente paga cara la ropa y otras artículos y debe endeudarse a través de tarjetas comerciales, lo que en los últimos años le produjo utilidades equivalente a un 80% a los retail.

Este es un país donde ocho de cada diez trabajadores ganan menos de 500 mil pesos mensuales, mientras hay un grupo de familias que acumula una riqueza superior a los 30 mil millones de dólares.

Ni hablar de la escandalosa información aparecida en estos días respecto a abultadas y en algunos casos repetidas jubilaciones de ex integrantes de las Fuerzas Armadas, que superan con mucho las pensiones del común de las y los chilenos.

Estos datos son indicativos del abuso en grande que se comete en Chile. Es la comprobación de que un segmento pequeño de la población se enriquece a costa de un amplio sector, representado sobre todo en los trabajadores y empleados. Como lo señalan economistas de distintas corrientes, “hay una acumulación de riqueza de unos a costa del trabajo y de los recursos, de otros”.

Hay que agregar los episodios ocurridos en los últimos años y meses, con las grandes empresas del agua y la electricidad -privatizadas durante la dictadura y los primeros años de gobiernos de la Concertación por la Democracia- que por no invertir en mejoras de infraestructura, mantención y mejor servicio, fueron incapaces de asumir situaciones climáticas severas, dejando a miles de personas sin agua y sin energía eléctrica.

Con multimillonarias ganancias mensuales, y controladas por trasnacionales, se comprobó que las empresas privadas de agua y electricidad del país, no hacen inversiones en prevención y mantención, al final jugando a pagar costos cuando se produce la falta e ineficiencia del servicio, lo que les sale más redituable que garantizar un servicio óptimo y oportuno.

La colusión, una práctica abusiva

Cuando los grandes consorcios del papel, las farmacias, los pollos, se coludieron en materia de precios, simplemente esquilmaron a millones de consumidores, es decir, millones de ciudadanos. Hay dudas en cuanto a la cantidad que ganaron en ese abuso a sideral escala y si realmente hubo o habrá reparación para la gente que fue víctima de la colusión en los precios. Por lo demás, esto fue otra demostración de que los grandes empresarios transgreden hasta sus propias tesis, como que “es el mercado el que regula”; ellos impusieron precios y pautas de competencia.

En el caso de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y el consorcio SCA, que participaron en la colusión del “papel tissue” o “papel confort”, habrían tenido utilidades de 458 millones de dólares, de acuerdo al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

La organización Conadecus (Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios) presentó el 2015 una demanda por la colusión del “papel confort”, en la que se señaló que el avaluó del daño a los consumidores entre 2000 y 2011 fue de 510 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 361 mil millones de pesos.

Como se recordará, otra macro colusión fue la de Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, empresas que formaron un cartel para el control de cuotas de producción de carne de pollo en el país y que operó al menos durante diez años. Todo fue investigado por la Fiscalía Nacional Económica. Una demanda de Conadecus situó en más de 830 mil millones de pesos el efecto de esa colusión, a costa de millones de consumidores de pollo.  

En 2008 la Fiscalía Nacional Económica demandó a las cadenas farmacéuticas “Ahumada”, “Cruz Verde” y “Salcobrand” por colusión de precios, con adulteración fraudulenta de precios de más de 200 medicamentos, lo que les reportó ganancias por más de 41 millones de dólares. ¿A costa de quién? De chilenas y chilenos que necesitaban una medicina.

Por cierto, otro de los grandes abusos es con el precio de los medicamentos. Investigaciones periodísticas e informes presentados por el alcalde de Recoleta, Daniela Jadue, cuando inauguró el sistema de Farmacias Populares, indicaron sobreprecios de los remedios entre un ciento y un mil 100 por ciento. El negocio suculento de las empresas farmacéuticas a costa del dinero de millones de personas. Un medicamento que cuesta mil pesos, vendido a 10 mil pesos.

A esto hay que agregar situaciones como los altos costos de créditos bancarios, hipotecarios y en las deudas por estudios universitarios, donde decenas de miles de familias pagan hasta un 10% más de lo solicitado o adeudado, dinero que va a las arcas de bancos y grupos financieros. Peor aún, entran en juego compañías cobradoras que se caracterizan por una labor hostil hacia la gente. Y pese a medidas tomadas formalmente, cientos de miles de deudores aparecen en listas negras que les impide acceder a beneficios y préstamos que en ocasiones necesitan de manera urgente.

La usura es una forma de abuso extendida en Chile.

La desconfianza

El tema del abuso lo abordó el periodista y candidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, en sus palabras al inscribir en el Servicio Electoral (Servel) su postulación a La Moneda.

Partió estableciendo que “es necesario superar las desconfianzas” en el país y sentenció: “Vamos a terminar con el abuso y la colusión”. Fue una clara referencia a la percepción y en ocasiones comprobación de episodios que vive la población del país. Es cierto que hay una desconfianza cotidiana sobre todo antes servicios privados, en las tratativas comerciales más mínimas, ante los créditos de los bancos, y el funcionamiento de entidades del Estado.

Es así que Guillier sostuvo en su discurso que “la crisis actual, más que política, económica o institucional, es una crisis ética, de valores, de no creer en el otro, de saberse abusado, agredido en el diario vivir, y de no confiar en la sociedad en que vivimos”.

Reconociendo que eso afecta el funcionamiento del país, el aspirante presidencial apuntó: “Los vamos a proteger de los inescrupulosos que están destruyendo la convivencia entre nosotros”, queriendo dar respuesta a una inquietud anidada en el pueblo.

En ese sentido, algo señalado por parlamentarios, defensores de los consumidores y dirigentes sociales, es que mucho del abuso sistémico tiene que ver con la deficitaria labor del Estado para regular, fiscalizar y sancionar a quienes cometen prácticas abusivas -sean empresas o personas- lo cual puede alentar acciones de abusos o, cuando menos, no las inhibe realmente.

“Actitudes menos permisivas”

Patricio Escobar, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Academia Humanismo Cristiano (UAHC), al analizar el fenómeno en entrevista con El Siglo, remarca que lo sucede en el país no es tan distinto a lo que ocurre en otras naciones.

“Todas las sociedades están sujetas a distintos tipos de contradicciones que nacen generalmente de situaciones de injusticia, autoritarismo y asimetría de poder. En distintos momentos y diferentes lugares se pueden encontrar estas condiciones. Por lo tanto, esto no es nuevo y tampoco una particularidad de Chile”, apunta.

Apuntó que “persiste una sensación de impunidad entre aquellos que abusan. La impunidad en la violación de derechos humanos, por ejemplo. Esa sensación de que finalmente era posible transgredir, de una u otra manera, las normas de convivencia se trasladó hacia las relaciones comerciales, productivas, sociales”.

Sin embargo, Escobar sostiene que a pesar de que “como sociedad cada vez vamos aceptando que convivimos con este tipo de fenómenos que son nocivos para nuestras relaciones sociales…al mismo tiempo también somos capaces de ir poniendo límites e ir persiguiendo con más eficacia este tipo de prácticas”. Señala que ante prácticas abusivas hay más “rechazo social, una cierta disposición a no permitirlo o a lo menos de denunciarlo”.

El académico asevera que frente a acciones abusivas, en el país hay “actitudes menos permisivas”.

Lo que, en todo caso, parece incuestionable, es que el tema del abuso está instalado, permea al país y se vuelve todo un desafío el encarar el fenómeno y transitar en iniciativas, regulaciones, legislaciones, conductas y valores que vayan disminuyendo las prácticas abusivas.