En los últimos cinco años, los canales privados de la competencia han recibido fondos de parte de sus poderos propietarios.

José Luis Córdova

Periodista

La situación continúa caótica en el Canal 7. Ante la mismísima comisión de Hacienda del Senado, los máximos ejecutivos de la emisora “pública” entregaron un descarnado análisis de la situación financiera de la empresa estatal.

El socialista Ricardo Solari, presidente del directorio de TVN y su director ejecutivo, Jaime de Aguirre, expresaron la necesidad urgente de que se pruebe el proyecto de ley que modifica la Ley de Televisión Nacional de Chile.

Se trata, en el fondo, de entregarle 60 millones de dólares, ya que las pérdidas en el primer trimestre de este año llegan a los 3 mil millones de pesos, lo que hace inviable el negocio para el próximo año.

Sin capitalización no hay recursos para hacer modificaciones a la actual parrilla programática y menos para cumplir con las inversiones que TVN debe realizar para implementar por ley la TV digital.

En los últimos cinco años, los canales privados de la competencia han recibido fondos de parte de sus poderos propietarios, que les ha permitido solventar cambios y proyectos audaces en sus respectivas parrillas programática.

En tanto, MEGA suscribió un contrato con la empresa de televisión digital DirecTV, para distribuir la programación del canal propiedad de Bethia y Falabella en alta definición y, además, en la modalidad video on demand, es decir, a solicitud de sus abonados. Se trata del primer acuerdo realizado en el marco de la nueva ley de televisión digital.

Canal 13 y Chilevisión también buscan afanosamente superar la crisis buscando inversionistas para sus proyectos. La productora del periodista y cineasta Carlos Pinto es una apuesta si el actual proyecto “Irreversible” en la emisora del “ex angelito” logra posicionarse y abrirse a otras iniciativas.

En tanto, la estación Time-Warner (CHV) intenta superar la situación con un jugoso contrato con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y se quedó con los derechos comerciales y de transmisión de la selección chilena. Un contrato de 120 millones de dólares hasta Qatar 2022, que alivia la carga financiera, pero primero habrá que aclarar un conflicto judicial porque Santa Mónica (SMAC), empresa de marketing deportivo, demandó a la ANFP por incumplimiento contratos firmados en 2011 por Sergio Jadue sobre la comercialización de La Roja y derechos de organización y transmisión de partidos amistosos.