Los pendientes en derechos de las mujeres en Chile

Femicidios, interrupción del embarazo, exclusión laboral y brechas salariales; son algunas deudas a tratar para alcanzar un desarrollo pleno.

Matías Barraza Barahona. Periodista. Han pasado más de tres meses desde que, el 25 de noviembre de 2016, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, miles de mujeres y hombres se congregaron en el centro de Santiago y en diversas regiones de Chile, bajo la consigna “Ni una menos”, para manifestarse en contra de los femicidios que estremecen al país.

Una convocatoria inédita en su masividad, y que se produjo simultáneamente a eventos similares en numerosas ciudades del continente, ante múltiples casos de hombres agresores de sus actuales o ex parejas, algunos con resultados de graves daños físicos y otros con consecuencias fatales. Fenómeno constatado a nivel mundial, que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha retratado como una verdadera “pandemia”.

Clamor profundo y urgente de protección de la integridad de las mujeres chilenas, compartido por muchos varones, que hace años venia expresándose en distintos espacios, pero que en el último tiempo irrumpió como una demanda generalizada, que según estudios representa la visión de una amplia mayoría ciudadana.

Ese mismo día, la Presidenta Michelle Bachelet firmó un proyecto de ley que endurece las sanciones por agresiones a mujeres y consagra su derecho a una vida libre de violencia, estableciendo obligaciones de los organismos del Estado y mejorando las respuestas del sistema judicial. Al anochecer, la mandataria se pronunció contra los femicidios en un mensaje televisado: “No toleraré que hechos como estos queden en el olvido ni en la impunidad. La violencia contra las mujeres y niñas debe terminar”.

La iniciativa se suma al quizá más importante logro del gobierno en la materia: la inauguración, en junio pasado, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, encabezado por Claudia Pascual, independizándose del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam). Su función principal es generar y darle continuidad al desarrollo de políticas públicas en el área.

En ese contexto, Chile y el mundo celebran este miércoles 8 de marzo un nuevo Día Internacional de la Mujer. Fecha propicia para repasar reivindicaciones que no tienen como únicas beneficiadas a ellas, sino a toda la sociedad. Tareas que requieren el esfuerzo del conjunto del tejido social, para superar obstáculos y patrones culturales machistas de larga data en nuestro país, todavía firmemente arraigados, que se traducen en que se acepte como natural que los hombres controlen a las mujeres.

Cambios necesarios en ámbitos como las relaciones de pareja, la sexualidad, la reproducción, la educación, la organización familiar, el mundo del trabajo, el desarrollo intelectual, la participación, la representación en instituciones públicas y privadas, entre otros. Avances indispensables para terminar con la inequidad de género y asegurar la vida plena de ellas, pero también de ellos, y de las generaciones que vendrán.

Femicidios y violencia de género: Medidas ante el horror

La Región de Aysén fue el escenario del último femicidio ocurrido en el país, antes del cierre de esta edición. El 10 de febrero, José Paredes asesinó a R.M.E.A. (la familia solicitó la reserva de identidad), de 35 años, su conviviente y madre de un hijo en común. Uno más de los 9 casos en lo que va del año -el 2016 se registraron 52-, y que se enmarcan en la dura realidad de este tema en Chile, donde según datos del Sernam, una de cada tres mujeres sufre o ha sufrido algún tipo de violencia -física, psicológica o sexual- por parte de sus parejas. Situaciones que afectan a más de 2,8 millones de chilenas, y que cruzan condiciones socioeconómicas, lugares de residencia, oficios o edades.

Sólo un día antes, un hecho similar tuvo lugar en la comuna de San Bernardo. Esa vez la víctima fue Maribel del Carmen Gormáz Ibacache, de 26 años, y el autor del crimen, mediante un disparo de escopeta, se identificó como José Valenzuela, de 25 años, quien era su conviviente. La mujer dejó un hijo de 8 años de una relación previa, y junto a su verdugo tenía otro de apenas 10 meses. Como sucede en varias oportunidades, se verificó que existía una denuncia por violencia intrafamiliar con lesiones leves, presentada el 2008.

La ministra (s) de la Mujer y la Equidad de Género, Bernarda Pérez, recalcó el llamado a denunciar agresiones de género, lo cual comúnmente no se hace por miedo de las afectadas. Así, “efectivamente, evitaríamos llegar tarde en estos casos más brutales donde las mujeres víctimas han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas”, sostuvo. “Estos casos demuestran la urgencia del cambio cultural que tenemos que construir entre todos. La sociedad en su conjunto debe colocar como un tema prioritario la violencia en contra de las mujeres”, agregó Pérez.

Además, la autoridad recordó que ya se encuentra en el Congreso el mencionado proyecto, que incluye una nueva modalidad para sancionar ataques por parte de convivientes civiles, parejas y pololos; y que modifica varios cuerpos legales, como la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, la Ley que crea los Tribunales de la Familia e incluso cambios al Código Penal y al Decreto Ley 13.500, que establece que el condenado por homicidio causante no puede ser beneficiario de pensión de sobrevivencia.

Al presentar la iniciativa, la Presidenta Bachelet aseveró que “este no es un tema privado, no es un tema de la casa, no es un tema en el que uno no pueda meterse. Durante demasiados años ese ha sido el discurso que ampara a los maltratadores y hace que la violencia quede impune”; mientras que en declaraciones a radio Cooperativa Silvia Rucks, coordinadora residente de la ONU en Chile, valoró la normativa como “un hito, no solamente para el país, sino que para el resto de América Latina”.

Y esa secretaría de Estado ha emprendido otras acciones, como la formación de monitoras y monitores en prevención de agresiones contra las mujeres en todo el país, el lanzamiento de un manual de recomendaciones para tratar los casos en televisión, además de disponer de abogados con dedicación exclusiva en cada región. Por otro lado, para darles mayor autonomía física y económica, se han aumentado a 103 el número de Centros de la Mujer y a 37 las Casas de Acogida para víctimas de violencia por parte de varones, y se anunció que se llegará a 48 para fines de año.

Desde el Ministerio de la Mujer han insistido en difundir el teléfono (800 104 008) de carácter gratuito habilitado por Sernam, para obtener ayuda y orientación, disponible las 24 horas desde celulares y teléfonos fijos. Las denuncias, en tanto, deben realizarse ante Carabineros (133), Fono Familia (149), PDI (134) y el Ministerio Público.

Interrupción del embarazo: Derecho a decidir

Ingresado hace más de dos años al Parlamento, el proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales -riesgo vital para la madre, inviabilidad fetal letal y violación- ha recibido constantes embates de sectores ultraconservadores de la sociedad. Aun así, el Senado aprobó en enero la idea de legislar, con los votos a favor de la Nueva Mayoría, y la negativa en bloque de Chile Vamos; y este mes será analizado en las comisiones de Salud y Constitución de la Cámara Alta, donde se le podrán añadir indicaciones, para luego volver a la Sala y ser votado en particular.

Según diversas encuestas, la iniciativa presenta un respaldo ciudadano de alrededor de 70%, sin embargo, de aprobarse definitivamente, sigue latente la amenaza de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional. La nueva regulación responde a la necesidad de garantizar el derecho a decidir de las mujeres en las circunstancias antes descritas, y así tener una política de salud pública ante las cifras negras de abortos clandestinos que año a año tienen lugar en nuestro territorio. En ese sentido, estudios estiman en alrededor de 100 mil los abortos anuales ilegales en Chile, y en 33 mil los egresos hospitalarios por interrupción del embarazo.

Se contempla que el Estado respete la voluntad femenina y asegure acompañamiento en caso de interrupción del embarazo, poniendo especial énfasis en la protección de niñas y adolescentes que tomen tal decisión, con la autorización de un representante legal, o si éste no se encuentra disponible, de un juez de familia. En las situaciones de violencia sexual contra menores producidas en el propio hogar, se autoriza al equipo médico a prescindir de la solicitud de autorización.

Reconocida como una de las prioridades legislativas del Ejecutivo, el nuevo marco legal se propone revertir la prohibición total del aborto que se mantiene en el país, heredada de la dictadura cívico militar. Y es que al día de hoy Chile es uno de los seis países del mundo en que la interrupción del embarazo es criminalizada e ilegal, junto a Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Malta y El Vaticano.

De ahí que miles de mujeres chilenas y organizaciones que luchan por el pleno respeto de sus derechos demanden una regulación hace décadas y exijan que el proyecto se apruebe rápidamente. Claudia Dides, socióloga y directora ejecutiva de la ONG Miles Chile, es clara: “Lo que se merecen las mujeres chilenas es decidir, de acuerdo a sus convicciones y valores, respecto de si quieren o no seguir un embarazo en cualquiera de estas tres causales. El Estado de Chile, siendo laico, en estas materias pareciera más bien un Estado fundamentalista”.

Dides relevó “la autonomía física de las mujeres y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, lo que nos parece debe ser un eje fundamental de la democracia”. De ahí que apunte a “grupos y poderes fácticos que influyen en las políticas públicas en materia sexual y de reproducción”, como los principales responsables de que la iniciativa todavía no vea la luz, a la vez que define a los autodenominados sectores “pro vida” como grupos “anti derechos”.

Participación laboral: Acortar las brechas

Quizá la muestra más gráfica de lo mucho que falta avanzar -en los distintos niveles de nuestra sociedad: autoridades, empresarios, trabajadores, ciudadanía en general- para lograr una verdadera inclusión femenina en la esfera laboral, fue el “regalo” de una muñera inflable que en la última cena anual de la Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios (Asexma), el presidente de esa entidad, Roberto Fantuzzi, hizo al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.

La acción fue calificada por la Presidenta Bachelet como una situación intolerable, y la ministra Pascual sentenció: “Condenamos que se siga usando a las mujeres como objeto sexual para promover cualquier cosa”. Aunque algunos intentaron bajarle el perfil, lo cierto es que se trató de un hecho representativo de las dificultades que experimentan las mujeres para integrarse al mundo laboral. Comportamientos discriminatorios culturalmente validados en instituciones públicas y privadas, que implican una fuerte carga ofensiva hacia ellas.

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) sobre Trabajo 2015, dada a conocer el mes pasado, estableció que las mujeres lideran el crecimiento de la fuerza del trabajo -población ocupada y desocupada de 15 y más años- con una tasa de participación de 47,4% -tenía un 45,6% en 2013-. Máximo histórico de acuerdo a la información recogida por la encuesta desde 1990, cuando la participación femenina alcanzaba un 32,5%.

Ello en un contexto país donde esa fuerza creció en 325 mil personas con respecto a 2013, y hubo un aumento de la tasa de participación laboral general desde 57,3% a 58,3% entre ambos estudios. Asimismo, se verificó un mayor crecimiento de la tasa de ocupación entre las mujeres: mientras la de los hombres se mantuvo prácticamente inalterada -de 66,3% a 66,2%-, la de ellas pasó de 41,9% a 43,4%.

No obstante, estamos lejos de acabar con la desigualdad de género en el mundo del trabajo, ya que esos progresos contrastan con el ítem de ingreso promedio de la ocupación principal incluido en el estudio, donde éste se ubicó en 462 mil pesos para el total de ocupados, pero evidenciando diferencias significativas entre mujeres y hombres, que alcanzan 384 mil y 521 mil pesos, respectivamente, dando cuenta de brechas salariales profundas que no han podido ser subsanadas.

Estereotipos que tienden a excluir y minimizar las capacidades femeninas, como que ellas sólo deben cumplir labores domésticas y no poseen cualidades para desempeñarse en las ciencias, el deporte o las tareas físicas, contribuyen a mantener la inequidad de género en las posibilidades de desarrollo laboral y en las remuneraciones. Por eso, el Ministerio de la Mujer impulsó campañas como “Más Mujeres en Ciencias y Tecnologías” y “Quebremos Los Estereotipos”, para derribar prejuicios y conductas sexistas que constituyen formas de agresión simbólica contra las mujeres, base de la justificación de la desigualdad.

Alarmantes cifras de violencia en pololeos

Recientemente, en el marco del lanzamiento de la campaña #NoMásViolencia, el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), presentó los resultados del estudio “Percepciones sobre la violencia en el pololeo”. En base a un universo de 1.012 encuestas a jóvenes de entre 15 y 29 años, de diferentes estratos socioeconómicos y regiones del país, reveló que un 51% de la población de ese segmento etario conoce a alguna víctima de violencia en pololeos; y que de ese porcentaje, un 88% sabe de insultos, humillaciones y/o gritos en parejas; y un 54% de empujones o de arrojar cosas.

No son los únicos indicadores preocupantes: un 49% de los jóvenes opina que la principal causa de violencia dentro del pololeo, entre la gente de su misma edad, son los celos; solo un 23% realizaría una denuncia a Carabineros en caso de sufrir agresiones; el 86% cree que cuando una víctima hace la denuncia no queda protegida; y un 64% señala que las redes sociales fomentan esos comportamientos. Mientras, los programas de farándula (54%) y las teleseries (50%) son percibidos como shows de televisión que incitan ataques entre las parejas.

El director del Instituto, Nicolás Farfán convocó a denunciar estos hechos, y destacó que “como Injuv nos preocupa que este tipo de situaciones se siga repitiendo dentro de la población joven y esperamos que a través de esta campaña se entienda que revisar el celular o las redes sociales de la pareja, son el primer paso en la violencia dentro del pololeo”.

 

 

 

 

 

 

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