Alicia Lira y los pendientes en DDHH

La activista se refirió a la falta de respuestas en esta materia y tildó como “muy grave” que aún  no haya nombramiento de subsecretario (a) de DDHH.

Daniela Pizarro. Santiago. Aunque se encontraba inaugurando un memorial en honor a las víctimas que cayeron durante la dictadura cívico-militar en Angol, Provincia de Malleco, y realizando una serie de actividades en la región,  la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, contestó el llamado de El Siglo Web para conversar sobre las materias pendientes sobre Derechos Humanos (DDHH) en el país con una mirada de futuro, pero con el latente dolor del pasado.

La dirigente de la AFEP comentó que era “impresentable” que la Subsecretaría de Derechos Humanos anunciada como una entidad esencial en la promoción y defensa de los derechos fundamentales no posea titular.

Sostuvo que “nos parece impresentable y muy grave, que a casi ocho meses de promulgada esta ley, aún no se nombra la persona que asumirá el cargo de subsecretaria o subsecretario, hemos denunciado la no voluntad política ya que esta Subsecretaría es fundamental para tomar las medidas a las violaciones que se cometen hoy día por parte de Carabineros, como la detención de los jóvenes, José Huenante en Puerto Montt, José Vergara de Alto Hospicio y las muertes de los trabajadores; Rodrigo Cisterna, Nelson Quichillao, Matías Catrileo y la muerte de  centenar de jóvenes comuneros mapuches”.

Además, indicó que aunque este es el primer Gobierno que tiene en sus criterios programáticos la defensa de los derechos fundamentales “no han cumplido ni han dado respuestas a las agrupaciones, después de la reunión realizada con la Presidenta Michelle Bachelet el 14 de julio de 2014”.

Y señala los temas relevantes que están en el programa y no se han revisado: “lo referido a los archivos judiciales de las violaciones a los derechos humanos que tienen un periodo de 50 años para poder ser conocidos y revisados; la ratificación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968 y ratificaremos el conjunto de tratados de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos, pendientes”.

“El impulso a las medidas legislativas y administrativas que impidan la impunidad en esta materia, tales como impedir toda aplicación en los juicios sobre crímenes de lesa humanidad del D.L. N°2.191, de Amnistía de 1978, que cumplió 26 años desde el compromiso de anularla, como (Interpretación al Código Penal a los artículos 93 y 103), que lleva en trámite en el Congreso más de 15 años, y en el Senado hace siete años, aun cuando se tiene mayoría para votarla, pero el Gobierno no la pone en tabla”, aseguró Lira.

Y agregó la promesa de: “reformar la justicia militar, limitándola a sujetos militares, bienes jurídicos militares y en recintos militares, la asignación de una entidad estatal permanente que se haga cargo del reconocimiento, acogida, asistencia jurídica, social y de reparación para las víctimas de Crímenes de la Dictadura. La creación de la Defensoría del Pueblo u Ombudsman y el proyecto de ley de degradación a los militares condenados en crímenes de lesa humanidad”.

Asimismo, se refirió al perfil que debiera tener el nuevo director (a) del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que hasta ahora tampoco se ha concretado el nombramiento. Dijo que “para nosotras es muy importante que antes de responder como funcionaria (o) público tenga un compromiso real con las víctimas y sus familiares, y que siga la política que llevaba el señor Francisco Ugas, que  ante todo es el compromiso de investigar, llegar a la verdad y juzgar  a quien sea con el grado que tenga en el caso que sea militar, porque es un criminal”.

“Pero también, es muy importante la atención a las agrupaciones de familiares a nivel nacional y dar las garantías en el trabajo que tenemos en forma permanente en las movilizaciones, encuentros a nivel nacional con las agrupaciones de regiones, pero también debieran proveer atención de salud mental que es parte de la reparación del Estado, ya que PRAIS ya es programa para indigentes”, indicó la dirigente.

Finalmente, la líder de la AFEP, añadió que “el Programa de Derechos Humanos ha sido de cooperación, de apoyo en nuestras querellas y siempre ha sido sobre la base de perseguir penalmente a los victimarios de violación a los derechos humanos, sea quien sea. Hay alrededor de mil causas que están siendo investigadas en el programa, que son de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos”.

“Nosotras como AFEP presentamos 1250 querellas, 1164 hombres y mujeres que no tenían causas y las restantes las  presentamos  para sacarlas de las Fiscalías Militares”, concluyó.

 

 

 

 

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